Con sus maneras de monja agresiva, el PNV popularizó “garzonada” como una palabra que calificaba una decisión judicial llena de fuegos artificiales para la prensa y vacía en su contenido.
Hoy no se puede calificar de otra cosa la decisión del juez-estrella de considerar legal a ANV y meter en la cárcel a un etarra que era su responsable en una zona de Navarra y que había confeccionado sus listas electorales, había hecho lo propio con ASB y estaba a sueldo del PCTV. Todo el entramado de ETA confluyendo en una sola persona.
Un juez que se hizo famoso por desmenuzar la trama de los GAL (excepto a su máximo responsable), pero que luego no vaciló en formar parte del gobierno que lo había montado. Que ha fracasado en controlar el entramado financiero de las herriko tabernas al servicio de ETA y que ultimamente actúa en una sospechosa sintonía con los intereses del gobierno, al que le ha proporcionado una magnífica coartada para consentir ANV.
Parece bastante claro que Zapatero quiere que no se hable de terrorismo. Un atentado de ETA, reivindicado como tal (porque sigue habiendo ataques todos los días de su entorno) destrozaría las pocas posibilidades del PSOE y haría inevitable el adelanto de las generales con un gobierno tocado. Pero, precisamente, si ETA logra presentarse en las elecciones los españoles se lo van a hacer pagar.
Según la AVT, la decisión del juez Garzón “ha provocado una gran preocupación y tristeza en las víctimas del terrorismo, ya que supone la inminente representación, por medio de ANV, de sus asesinos en las instituciones vascas”.
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